Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas Por la que se crean las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano de carácter general de las Consejerías de Política Social, Mujer e Inmigración, Sanidad y Consumo, Justicia y Seguridad Ciudadana, Educación, Formación y Empleo y Universidades, Empresa e Investigación, así como las ubicadas en los municipios de Calasparra, Cartagena, Cieza, Lorca y Santomera.
| Sección | Comunidad Autónoma |
| Emisor | Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas |
| Rango de Ley | Orden |
Desde la promulgación de la Constitución española y, después, con la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los principios que obligan a las administraciones a servir con objetividad los intereses generales de acuerdo con los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos así como de con los de transparencia y de participación, han marcado un hito en la organización de las mismas y de modo particular en la atención que prestan a los ciudadanos.
Consecuentemente con lo anterior, aquellos servicios específicamente configurados para la atención directa al ciudadano, en el sentido amplio del término, que abarca tanto la atención como la información a través de los distintos canales de comunicación que se puedan configurar, ya sean presenciales, telefónicos o electrónicos, se han ido consolidando como una de las actuaciones prioritarias de la Administraciones Públicas, a fin de conseguir una administración más cercana a los intereses del ciudadano, más receptiva, más comprensible y, sobre todo, más accesible, tratando que la rígida división competencial por departamentos y la ubicación geográfica de las oficinas administrativas no sea un obstáculo para la recepción efectiva de los servicios que se prestan y las demandas que se atienden por parte de los mismos; antes al contrario, que cada una de ellas, independientemente de su dependencia orgánica o competencial, deben constituirse en elementos potenciales para universalizar y facilitar tanto el acceso a la información como a la gestión y tramitación de los procedimientos y servicios que se prestan.
Es en este contexto, y por lo que se refiere a la Administración Regional, donde se enmarca el Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, que contempla una regulación integral de la misma, definiendo y regulando los distintos canales a través de los que las personas físicas o jurídicas pueden relacionarse con la Administración Regional, estableciendo los principios generales de la atención y los derechos que los ciudadanos ostentan en su ejercicio.
Se pretende con ello disponer de múltiples cauces y sistemas de atención al ciudadano que ofrezcan un núcleo básico, común y generalizado, de servicios corporativos de información y tramitación para ganar en eficacia y calidad en el servicio, tratando de extender los...
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