Decreto-Ley n.º 2/2017, de 2 de agosto, de prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos en la Región de Murcia.

Rango de Ley:Decreto-ley
Sección:I - Comunidad Autónoma
Emisor:Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
 
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  1. Comunidad Autónoma

  1. Disposiciones Generales

Consejo de Gobierno

5740 Decreto-Ley n.º 2/2017, de 2 de agosto, de prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos en la Región de Murcia.

Exposición de motivos

I

Contexto social

La inspección técnica de vehículos se inscribe dentro de un régimen diseñado para garantizar las condiciones de seguridad y protección del medio ambiente en el uso de los vehículos.

Acogida dentro del capítulo de seguridad industrial, podría ser asumida directamente por la administración, sin embargo también puede llevarse a cabo a través de operadores privados debidamente acreditados y bajo la supervisión y control de la autoridad administrativa competente.

En el ámbito nacional el marco jurídico establecía inicialmente un régimen de gestión indirecta concesional, evolucionando posteriormente a modelos autorizatorios en los que se introducen una mayor libertad en la prestación del servicio. Este modelo ya ha sido asumido por algunas comunidades autónomas.

En la Región de Murcia contábamos con un régimen no homogéneo caracterizado por un sistema concesional en parte del territorio, reservándose la administración la gestión directa en el municipio de Murcia y Alcantarilla.

El transcurso del tiempo y la experiencia adquirida en la gestión puso de manifiesto la necesidad de dotar al sistema de inspección técnica de vehículos en la Región de un régimen jurídico estable y de una fórmula de gestión homogénea.

En primer lugar, resultaba necesario declarar la publicatio del servicio adquiriendo de tal forma la naturaleza de servicio público; en segundo lugar procedía optar por un sistema de gestión concreto. En este sentido, las directivas europeas permiten las diversas formas de gestión directa, indirecta o en régimen de autorización, si bien exigen la acreditación de razones imperiosas de interés general cuando hayan de restringirse el acceso de los operadores al mercado.

En atención al marco expuesto, a la experiencia derivada de la implantación del modelo autorizatorio en otras comunidades autónomas, en el que se han apreciado ineficiencias tales como concentración de estaciones únicamente allí donde existe más demanda, bajada significativa -cerca del 50%- del índice de rechazos y mayores dificultades de control administrativo (incremento exponencial del número de operadores, necesidad de controles adicionales a través de vehículos “topo”), ha ocasionado que algunas comunidades autónomas hayan optado por sistemas autorizatorios restringidos con fundamento en criterios que no tienen cabida al margen de fórmulas concesionales.

En este sentido los informes técnicos de esta administración regional han evidenciado las carencias anteriormente referenciadas, y las razones imperiosas de interés general que abogan por un régimen concesional caracterizado por una demarcación territorial en torno a lotes, que permitan la implantación de una red de estaciones de itv cohesionada en todo el territorio, atendiendo tanto a criterios de rentabilidad económica como de interés social.

Asimismo destacan el ahorro de costes y tiempo para los ciudadanos, que no tendrán que desplazarse más de 30 km desde su domicilio para cumplir las exigencias legales de control de itv, con los consiguientes ahorros de combustible y disminución de emisiones de gases contaminantes al medio ambiente.

También concurren imperiosas razones de interés social que únicamente permiten ser atendidas a través de la relación concesional, en virtud de las potestades de policía otorgadas a la administración, tales como control tarifario, control del horario de apertura de las estaciones, cumplimiento de criterios de responsabilidad social corporativa y respeto medioambiental reflejados en los pliegos y en especial el relativo a la mayor supervisión realizada sobre los concesionarios en virtud de la relación especial de sujeción que le une con la administración.

II

Marco normativo

El Real Decreto 3273/1981, de 30 de octubre, sobre nueva redacción del Real Decreto 3073/1980, de 21 de noviembre, por el que se reorganizan los servicios de Inspección Técnica de Vehículos, establecía la ejecución del servicio de ITV directamente por la Administración o a través de entidades colaboradoras.

Su artículo 4.2. disponía que las “inspecciones señaladas en el artículo sexto apartado seis dos, se realizarán por los Inspectores del Ministerio de Industria y Energía o, en su caso, por los Entes Autonómicos, o por las Entidades colaboradoras de la Administración expresamente autorizadas a tal fin, en las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos.”

El Real Decreto 1987/1985 modificó el sistema de prestación de ITV en régimen de colaboración por un sistema de prestación directa, mixto o concesional.

La disposición adicional tercera de este Real Decreto establecía que “En las provincias en donde se disponga ya de una Estación ITV, por lo menos, la inspección técnica se efectuará precisamente en dicha Estación. En el supuesto de que la Estación fuera insuficiente o quedara temporalmente fuera de servicio, por causa de fuerza mayor, y en aquellos territorios españoles situados fuera de la península, carentes de Estación ITV, la inspección técnica se efectuará por el procedimiento que establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma, siempre que se utilicen para ello medios técnicos de eficacia equivalente.”

El Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, definió nuevamente el régimen de prestación del servicio, al disponer en su artículo 7.2 que “La ejecución material de las inspecciones podrá efectuarse por las Comunidades Autónomas o Administración competente directamente o a través de sociedades de economía mixta en cuyo capital participen, o por particulares. Salvo en el caso en que la ejecución se lleve a cabo directamente por las Comunidades Autónomas o Administración competente, será requisito imprescindible para acceder a la actividad de inspección de vehículos la obtención previa de una autorización, cuyo otorgamiento corresponderá a las Comunidades Autónomas o Administración competente”

Esta norma contenía también una disposición transitoria por la que “Las concesiones otorgadas conforme al Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, y las autorizaciones concedidas conforme al Real Decreto 3273/1981, de 30 de octubre, subsistentes en el momento de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, seguirán habilitando a sus titulares para realizar los servicios de inspección de vehículos sin que sea preceptiva en estos casos la autorización previa a la que se refiere el artículo 7 del presente Real Decreto-ley. No obstante, en ambos casos, las Estaciones estarán obligadas a cumplir los requisitos técnicos exigibles con carácter general a todo tipo de instalaciones siéndoles de aplicación el régimen sancionador previsto en dicho precepto”.

Este artículo 7.2 fue declarado inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 332/2005, de 15 de diciembre de 2005 por entender que vulneraba las competencias autonómicas en materia de industria, al imponer la autorización administrativa como título habilitante para que los particulares puedan participar en la prestación del servicio de ITV.

Además señaló que “El contenido de la disposición transitoria no sólo no plantea, como se ha señalado...

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